A confesión de parte y más vale tarde que nunca

El texto que a continuación se presenta, dividido en dos párrafos, es producto de la Acción Directa Declarativa de Inconstitucionalidad de la Ley 27.801 del régimen penal juvenil, presentada por la Defensa Pública de la provincia de Buenos aires, la Comisión Provincial por la Memoria, organismo designado como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y Malos Tratos de la Provincia de Bs. As y otros organismos de la Sociedad Civil[1].

Primer párrafo:

“…En esa línea solicitamos la suspensión de la norma y mantener la vigencia del Decreto-Ley 22.278/80 (modif. por dec.-ley 22.803/83)”

El primer párrafo no parece necesitar de muchos comentarios, ya que se parece bastante a lo que la primera parte de nuestro título sugiere. La nostalgia por el decreto de la dictadura parece irrefrenable.

El segundo párrafo:

Establece que la solicitud de inconstitucionalidad se extiende, “…hasta tanto se acredite en autos: La existencia de establecimientos de alojamiento exclusivos para menores de 18 años con capacidad suficiente y en condiciones que garanticen su dignidad como personas humanas, su atención médica y psicológica, y la implementación de actividades de formación y sano desarrollo acordes a sus respectivas etapas evolutivas y condición sexual.”

En este segundo párrafo llama la atención la exigencia que se realiza para supeditar la vigencia de la nueva ley. Una exigencia que jamás fue realizada anteriormente como condición sine qua non para establecer la vigencia del decreto de la dictadura con la firma de Jorge Rafael Videla, que rigió por 46 años y que paradójicamente fue derogado por la Ley respecto de la cual, hoy se pide su inconstitucionalidad.


[1] Acción Directa Declarativa de Inconstitucionalidad de la Ley 27.801 del régimen penal juvenil, presentada en conferencia de prensa el día lunes 6 de Julio del 2026 por la Defensa Pública de la provincia de Buenos aires, la Comisión Provincial por la Memoria, organismo designado como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y Malos Tratos de la Provincia de Bs. As y otros organismos de la Sociedad Civil.