El pasado jueves 3 de noviembre, la Fundación Sur Argentina, con el patrocinio letrado de la Defensora Oficial Natalia Buira, presentó una acción de habeas corpus a favor de todas las personas menores de dieciséis años de edad, privadas de su libertad en virtud de resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados de Menores en la Provincia de Salta.
Mediante este habeas corpus se solicita que se declare la ilegitimidad de las privaciones de libertad denunciadas y la inconstitucionalidad del Art. 1º del Decreto Ley 22.278 y se ordene al Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, que desarrolle un plan de liberación e incorporación progresiva en alguna de las medidas de protección del sistema de protección integral de derechos que surge de la ley 26.061.
Con esta acción se busca la implementación del Sistema de Protección Integral que surge de la ley 26.061 que expresamente establece que las medidas de protección en ningún caso podrán consistir en privación de libertad. La norma distingue claramente las políticas sociales de la política criminal, planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños y los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales entendidas como responsabilidad conjunta –en su diseño y ejecución – de la sociedad civil y del Estado.
En la presentación judicial se destaca la ilegal situación jurídica de los jóvenes no punibles – menores de dieciséis años y menores de dieciocho por delitos de acción privada o delitos reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de dos años, con multa o inhabilitación – ya que si bien el art. 1º del Decreto Ley 22.278 establece que «No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad», paradójicamente el mismo artículo, establece la posibilidad de disponer de estos jóvenes si se encuentran en «situación de abandono» o en «peligro moral o material», según la impresión personal y discrecional del juez.
Esta disposición tutelar es dictada por tiempo indeterminado e implica, como en el caso de los jóvenes objeto de esta acción, privación de libertad. Esta situación es manifiestamente ilegítima, ya que no responde ni a una prisión preventiva ni a una condena firme, y al tratarse de medidas supuestamente proteccionistas, no se respetan las garantías procesales que toda persona posee, vulnerándose el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, el principio de inocencia y el derecho a un juicio previo, entre otras garantías básicas de un Estado de Derecho como el que nos rige.
Con esta presentación se intenta terminar con absurdos eufemismos y confusiones a la hora de hablar de la privación de libertad de las personas menores de edad; en tanto estas violaciones a la libertad no son producto de ambigüedades técnico- legislativas sino más bien el producto de prácticas que niegan los derechos de los niños, niñas y adolescentes que los tratados internacionales, la Constitución Nacional y la ley 26.061 claramente reconocen.
La Fundación Sur es una organización de la sociedad civil, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra dedicada específicamente a la promoción y defensa de los derechos humanos de la infancia y la juventud. Asimismo, trabajamos para que se pueda conocer, acceder, dar seguimiento y fiscalizar políticas y acciones de las distintas instituciones del Estado responsables por el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y jóvenes.
Esta presentación forma parte de las acciones a través de las cuales la Fundación Sur Argentina intenta denunciar las violaciones a los derechos humanos de la infancia, para así mejorar las políticas públicas que se implementan en el país.
Para más información, por favor, comunicarse con la Fundación Sur Argentina (escribir a fundacion@surargentina.org.ar, o comunicarse al 011-4383-5873) o con la Dra. Natalia Buira (0387-15-4541976)
NOTA APARECIDA EN EL TRIBUNO DE SALTA
viernes 04 de noviembre de 2011 Salta
Piden dejar en libertad a 15 chicos encerrados
La defensora oficial civil Natalia Buira presentó ayer un hábeas corpus colectivo para reclamar por el derecho a la libertad de 15 adolescentes, porque considera que se encuentran encerrados sin razones que lo justifiquen.
Buira había denunciado la semana pasada que hay chicos con causas penales privados de la libertad que deberían acceder a otros tratamientos porque son menores de 16 años.
La defensora también había informado que hay adolescentes que están alojados en institutos sólo porque tienen problemas sociales como la adicción o porque fueron víctimas de violencia en sus hogares.
Buira presentó ayer la demanda ante el juez de la Cámara del Crimen Carlos Pucheta en nombre de 15 chicos que se encuentran en el Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley de Castañares, el Hogar Michel Torino, el Hogar Tránsito y la División de Protección al Menor y la Familia.
“Se trata de la privación ilegítima de la libertad de niños y adolescentes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, señaló Natalia Buira.
De acuerdo a informes a los que tuvo acceso Buira, sólo en el centro ubicado en Castañares hay 8 menores de 16 años que no pueden estar ahí porque a esa edad son inimputables.
El hábeas corpus se presentó con el apoyo de la Fundación Sur, organización que se dedica a la promoción de los derechos de la infancia.
“Solicitamos que declare la ilegitimidad de la privación de libertad … y ordene su cese levantándose las disposiciones tutelares dictadas”, sostiene la presentación.
Buira cuestiona que haya chicos en institutos por órdenes de “protección de personas” de los juzgados de familia. Esta modalidad consiste en alojar a un niño en un espacio del Estado para resguardarlo cuando, por ejemplo, sufre adicción, no tiene quién lo proteja o es víctima de abusos.
La defensora destaca que la legislación actual estipula otro tipo de medidas para estos casos, como buscar a parientes biológicos que puedan cuidarlos.
