La PPN expresa su profunda preocupación por un nuevo fallo de la sala III de la CFCP que agrava la situación de los institutos destinados a alojar niños, niñas y adolescentes privados de su libertad.
La Procuración Penitenciaria expresa nuevamente su preocupación por el reciente fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación.
La misma, por decisión de la mayoría de sus miembros, rechazó los recursos extraordinarios interpuestos por este organismo y por el Fiscal General, Javier De Luca, contra el fallo de la misma sala que convalidó la resolución 2237/2009 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) que, desde el año 2009, impide el ingreso de nuestro personal a los institutos destinados a alojar niños, niñas y adolescentes que funcionan bajo su órbita, dejando virtualmente desprotegidos a los integrantes de dicho colectivo que, según fue constatado recientemente por el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, conviven en condiciones infrahumanas y experimentan graves dificultades para canalizar cualquier tipo de solicitud o formular denuncias por el trato que reciben.
Es particularmente llamativo que el voto de los jueces Riggi y Cattuci que, una vez más, formaron la mayoría, no sólo haya insistido con que los derechos de los niños, niñas y jóvenes alojados en institutos se encuentran plenamente resguardados por su decisión, sino que incluso haya afirmado que la muerte del joven Diego Iván Borjas como consecuencia de un incendio que se produjo mientras éste se encontraba alojado, de modo irregular, en una celda de aislamiento del Centro Socio Educativo de Régimen Cerrado “Luis Agote”, dependiente de la SENNAF, es un incidente no relacionado con el caso, cuándo lo que se encuentra en discusión es, precisamente, la ausencia de instancias de supervisión eficientes sobre dichos locales. Estas consideraciones alcanzan, por sí mismas, para ilustrar el compromiso de los magistrados con la defensa de los derechos humanos y el carácter sesgado de sus apreciaciones sobre el estado de situación existente al interior de los institutos.
Del mismo modo, también llama poderosamente nuestra atención que ambos magistrados hayan omitido considerar que existen al menos 27 denuncias por hechos de violencia institucional en perjuicio de niños, niñas y adolescentes alojados en institutos dependientes de la SENNAF. Y más importante que no se hayan detenido a examinar el contenido de los informes realizados por el mencionado Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias integrado por sus propios colegas de la Cámara Federal de Casación y por muchos otros magistrados que no sólo describieron las preocupantes condiciones edilicias de varios establecimientos como el Agote, sino que advirtieron la existencia de prácticas directamente destinadas a impedir la libre comunicación de los niños con el exterior, como la prohibición de realizar llamadas telefónicas sin supervisión de oficiales.
En los próximos días, la PPN presentará una queja ante la Corte Suprema de Justicia para que ésta deje sin efecto lo resuelto y ponga fin a la situación de indefensión en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes que ya ha motivado expresiones de preocupación por parte de numerosos organismos internacionales e incluso una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para acceder al comunicado http://www.ppn.gov.ar/?q=node/2304