Más retroceso, menos garantías para menores de edad: rechazo al habeas corpus, interpuesto por la Defensora Pública, Patricia Arias.
La Fundación Sur Argentina expresa su mayor preocupación respecto al reciente fallo emitido por el superior Tribunal de Justicia de Río Negro que rechaza el dictamen presentado por el Procurador General de la Provincia donde se prohíbe la detención de personas menores de edad por miembros de la fuerza de seguridad.
El comunicado del gobierno provincial constituye un retroceso en materia de infancia y el “reflote” de una política del cercenamiento de la libertad ambulatoria de las niñas, niños y adolescentes, facultando a las fuerzas de seguridad a aprehender discrecionalmente a las personas menores de edad recurriendo a figuras policiales arbitrarias y sin el debido control judicial.
Este fallo, desconoce principios constitucionales básicos y colocan a los niños en situación de claro menoscabo y desventaja, frente al bloque de derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño (CDN), tratados internacionales y la Constitución Nacional.
El fallo, invisibiliza la problemática de los excluidos socialmente, de los sectores marginados y de todos aquellos que no ven satisfechas sus necesidades básicas, recurriendo a la estigmatización y discriminación de las persona por su “peligrosidad” y deja al descubierto el discurso de la utilización de menores garantías para usar la privación de la libertad como sustituto de las políticas públicas.
Cabe recordar que con la sanción de la ley nacional 26061 se estipulan órbitas de competencia específica en el marco de la Administración para el abordaje estatal de la problemática asistencial de niños, niñas y adolescentes. Es así que debe entenderse que queda excluida cualquier evaluación por parte de efectivos policiales sobre la condición de vulnerabilidad o desamparo, que pueda tener el niño. Es preocupante cómo en materia de niños, niñas y adolescentes se recurre constantemente a prácticas inconstitucionales que vulneran derechos fundamentales, y es más preocupante que dichos atropellos sean avalados, en este caso, por el poder ejecutivo que solicitó este fallo, contrariando a la Defensora penal Juvenil
Desde esta Fundación, vemos con preocupación los hechos ocurridos e instamos que se respete el dictamen del procurador y se mantenga la prohibición de detención de personas menores de edad por miembros de las fuerzas de seguridad, resaltando la labor que lleva adelante la defensora pública de Viedma, Patricia Arias, una consecuente defensora de los derechos y garantías de los menores de edad