La Fundación Sur Argentina, conjuntamente con su Director, Emilio García Méndez, consideran necesario aclarar que en una publicación reciente se han atribuido a su Director —quien preside esta institución— afirmaciones y enfoques que no expresan enteramente su postura institucional. La forma en que han sido presentadas dichas manifestaciones configura una tergiversación que desdibuja tanto su posición personal como la trayectoria histórica de la Fundación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Desde su creación, la Fundación ha promovido de manera consistente, pública y documentada la vigencia del paradigma de protección integral consagrado en la Constitución Nacional y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestra intervención en los debates legislativos vinculados a la niñez ha sido clara, coherente y contundente en favor del reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y titulares de autonomía progresiva, siempre dentro del marco constitucional y convencional vigente.
Resulta jurídicamente improcedente equiparar el reconocimiento de derechos personalísimos con el régimen de responsabilidad penal. Reconocer la autonomía progresiva en materia de salud implica ampliar la esfera de derechos personalísimos de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad y grado de madurez. La responsabilidad penal, en cambio, activa la potestad punitiva estatal, que por mandato constitucional y convencional debe aplicarse con criterios de máxima restricción, especialidad y protección reforzada cuando se trata de personas menores de edad. Se trata de planos normativos distintos, con fundamentos y finalidades claramente diferenciados.
Desconocer esta distinción o soslayar la trayectoria institucional de la Fundación no solo distorsiona el debate público, sino que contribuye a instalar una narrativa incompatible con su compromiso histórico, sostenido también en sus intervenciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.