Especialistas en derechos de niños y adolescentes reclamaron hoy la reforma del Régimen Penal de la Minoridad de acuerdo con el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado argentino. Este fallo interpela a la política y la obliga a cumplirlo dictando una ley democrática consistente con la Constitución Nacional, hay que derogar el decreto de la dictadura que aún está vigente y romper este silencio», dijo a Télam Laura Musa, asesora general tutelar porteña. por sentenciar a perpetua a menores de edad en los ’90
Musa remarcó que la Argentina es el «único país de América Latina que dictó sentencias a perpetua a menores de edad» y que todavía «no adaptó su legislación interna a la Convención sobre Derechos del Niño».
«Este fallo le asigna una responsabilidad al Estado, pero somos todos responsables como sociedad civil», subrayó Musa y consideró que «urge un debate para que se dicte una ley de Responsabilidad Penal Juvenil».
El fallo de la CIDH, que se conoció el lunes, se refiere a los casos de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández, quienes fueron condenados a penas de prisión y reclusión perpetua por delitos cometidos en los `90 antes de haber alcanzado la mayoría de edad.
«Lo bueno es que a partir de ahora no va a haber nuevas penas a prisión perpetua; ahora los chicos sentenciados van a ir saliendo, pero va a ser difícil reinsertarlos y que entiendan que hay que mantenerse en la legalidad cuando el Estado fue ilegal con ellos», consideró.
El presidente de Fundación Sur Argentina, Emilio García Méndez, subrayó que la ley 22.278, que data de la época de la dictadura y tiene alcance nacional, «aún sigue vigente» y que si bien desde 2003 en adelante no hubo nuevas sentencias a perpetua «eso no quiere decir que no pueda haberlas».
«La pregunta no es qué va a pasar con el fallo sino qué vamos a hacer como sociedad con esta sentencia», consideró García Méndez y agregó que «lo que queremos es que haya debate, que las posiciones encontradas estén democráticamente representadas para que se derogue el decreto de la dictadura».
El ex diputado explicó que el contenido concreto del decreto 22.278 hace referencia a la «imputabilidad plena a partir de los 16 años», y la «absoluta discrecionalidad por debajo de esa edad».
«Si para algo sirve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es para interpelar a la política como única posibilidad de remover los remanentes jurídicos más persistentes frente a una corporación judicial que no deja de aplicar esta norma», precisó.
Por su parte el ex abogado de tres de los condenados y representante del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Facundo Hernández, consideró que la «principal obligación a partir de este fallo es modificar el Régimen Penal de la Niñez» y «adecuar nuestras normas al sistema internacional para hacer una vida mejor para los niños en general».
«Yo fui abogado de tres de los chicos durante muchos años y puedo decir que si bien en los últimos años se avanzó mucho en cuestiones de derechos humanos, en este aspecto del derecho de menores todavía no se modificó el régimen penal, por lo que hay contradicciones», afirmó Hernández.
Musa, quien cerró el encuentro, que se realizó en la sede de la Fundación Sur Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, consideró que «el Estado debería preguntarse por qué hay chicos cometiendo delitos y por qué chicos que estaban tutelados por el Estado en institutos de menores reaparecen luego en institutos de privación de libertad para adultos».
«Convocamos a organizaciones de derechos humanos de la infancia a que debatan, el Congreso debería tratar estos temas como ha tratado otros referidos a derechos humanos», concluyó.
Publicado en Télam 11 de julio de 2013:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-224314-2013-07-12.html