He seguido con atención el debate generalizado en torno a los recientes episodios de violencia en los que una ciudadanía impotente y desprotegida frente a la creciente ola de criminalidad ha optado por el peor de los caminos posibles: las diversas formas de linchamiento; que solo una perspectiva inadvertida o mal intencionada se anima a denominar “justicia por mano propia”.

El nudo gordiano en que se ha convertido la cuestión del control democrático del delito en nuestro país, remite en lo inmediato a dos variables de naturaleza totalmente diversa pero absolutamente complementarias. La abismal desigualdad social y los altos niveles de corrupción e ineficiencia que caracterizan a las fuerzas de seguridad en términos generales. Sin embargo, lo que convierte en realmente crucial este debate para nuestro futuro como sociedad, es el hecho que ambas variables remiten a un problema mayor vinculado con la legitimidad del ejercicio del poder político. Dicho de otra forma, la falta de legitimidad del Estado. Un problema que, a mi juicio, nadie ha sintetizado mejor que el gran historiador argentino Tulio Halperin Donghi, cuando en una excelente entrevista de hace algunos años afirmo que “en la Argentina el estado tiene el monopolio del uso legitimo de la violencia a condición de que no la use”.

Es partir de esta incapacidad primaria que pueden entenderse, más que el movimiento pendular, los bandazos que ha caracterizado a una explícita o implícita “política criminal” en estos últimos años. Nadie me parece encarna mejor y en primera persona estos zigzags que una figura que comenzó siendo un personaje jurídico para terminar transformado en un personaje político, adicto a la lucha en el barro en sus peores versiones. De redactor de un código penal militar a padre difuso de un vago y oscilante abolicionismo. Raúl Zaffaroni es un personaje que disfruta desempeñando el papel de provocador verbal para mostrar con sus palabras que la impunidad intelectual en las actuales condiciones carece de límites. Su última osadía consistió en afirmar, terciando en el debate actual sobre la inseguridad, “que los adolescentes están siendo estigmatizados”. Una afirmación como esta en boca de Zaffaroni es realmente grave. Una de dos, o se trata de un gravísimo caso de amnesia o peor aún de un cinismo que no reconoce ningún límite.

El día 2 de diciembre de 2008 Zaffaroni redacto, impulso y consiguió imponer un fallo de la CSJN (331:2691, “García Méndez Emilio y Musa Laura sobre habeas corpus colectivo a favor de menores de 16 años privados de libertad en el Instituto General San Martin de la ciudad de Buenos Aires). En dicho fallo se declaró constitucional el decreto de la dictadura militar 22.278 de 1980 –Régimen Penal de la Minoridad- y se legitimó el uso de la privación de libertad en cárceles de menores como mecanismo legitimo de protección de dichos menores. Todo ello en abierta y flagrante contradicción con la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y la ley de Protección de Infancia 26.061.

A pesar de todo ahí esta nuestro personaje, todavía dictando cátedra y “ordenando” el debate.

Hay peces que ni por la boca mueren.

Artículo publicado en el diario Gaceta Mercantil el día 4/4/14

http://www.gacetamercantil.com/notas/51254/zaffaroni-adolescentes-hay-peces-que-ni-boca-mueren.html