La creación del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes -figura contemplada en la Ley 26.061 que deberá salir en 90 días en virtud de un amparo que impulsaron organizaciones de la comunidad- y las advertencias por el tratamiento mediático de hechos que tuvieron como protagonista a niños, revelaron que la protección efectiva de la infancia está cada vez más cerca de ser una realidad en Argentina.
El incendio en el taller textil de Flores donde murieron Rolando y Rodrigo Mur, de 5 y 7 años, en un contexto de explotación laboral que ahora investiga la Justicia; y la muerte de Mía Leonela Gómez Vivero, cuya cobertura informativa obligó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) a renovar advertencias a los medios sobre la vulneración de derechos son dos ejemplos de esa decisión.
«El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes es una figura contemplada en la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, que fue sancionada en 2006. A casi 10 años de esa muy buena ley del Congreso Nacional, el amparo pide su efectivo cumplimiento», dijo a Télam Laura Musa, directora de Fundación Sur.
Esta entidad, junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad, la Justicia (ACIJ), el Colectivo de Derechos de Infancia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) y la Fundación Poder Ciudadano, presentó el recurso ante el fuero Contencioso Administrativo.
La jueza Claudia Rodríguez Vidal admitió el tratamiento de una acción de amparo para que el Congreso Nacional dé cumplimiento a la ley 26.061, sancionada en 2006, que creó el Sistema de Protección Integral de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, indicaron esta mañana fuentes judiciales.
En esa norma se dispuso la creación de la figura del «Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de velar por la protección y promoción de sus derechos» y se estableció que el Congreso tenía «la obligación de designar a dicho funcionario dentro del plazo de 90 días».
Sin embargo ello aún no ocurrió por lo que varias organizaciones no gubernamentales presentaron un «amparo colectivo» para que el Congreso Nacional «inicie el procedimiento para la designación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes».
«Con un alto nivel de autonomía, y con rango de secretario de Estado, el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes debe presentar un informe anual y no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial. Mientras que su alcance es destacable porque entiende en causas colectivas», señaló Musa.
Desde el punto de vista de la vulneración de derechos en radio y TV, Alicia Ramos, directora de Investigación de AFSCA, dijo a Télam que «esta última semana fue necesario -a raíz del caso de Leonela- volver a dar advertencias a los medios», al comenzar hoy en un nuevo plenario del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (Conacai) , que está integrado por referentes de organismos y entidades de infancia, y sindicatos docentes.
«El domingo por la tarde tuvimos que salir a notificarles a los medios que la Justicia de Morón ordenó dejar de dar informaciones sobre la adolescente por canales y radios. Ante la intervención judicial logramos que algunos interrumpieran las informaciones; otros continuaron acumulando sanciones», contó Ramos.
La directora de Afsca explicó que «está comprobado que un hecho como el de la adolescente provoca un efecto contagio. Según recomendación de la organización Mundial de la Salid y del Conacai los medios deben abstenerse de publicar detalles de la vida, de su estado anímico presunto antes de morir, del lugar donde murió», sostuvo Ramos que añadió que esa vulneración alcanza también a las audiencias.
El caso de Magalí Hermida, que desapareció durante 17 horas de su casa de San Isidro el año pasado, fue otro ejemplo de vulneración de los derechos de integridad, privacidad y dignidad porque entre otros cosas- se dieron intimidades de su vida sexual y la chica tuvo que volver a su escuela a su barrio con esa carga».
«Estoy en condiciones de decir que por el caso de Leonela se dispusieron sanciones para los medios que vulneraron los derechos contemplados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que habilita a la autoridad de aplicación a disponer sanciones, que son económicas», precisó Ramos.
Para la titular de Afsca, «informar no siempre se hace desde la perspectiva de derechos».
«No hay que negar la información. La noticia sabemos que se construye: cuando se hace sin citar fuentes confiables; cuando sale un testimonio que incurre en la identificación indirecta de la víctima, como cuando la tía del niño del polémico fallo del juez Piombo, salió a hablar por TV; o se muestra la fachada de la casa o de la escuela o incluso se publica lo que el niño dijo en Cámara Gesell, se está violando su integridad», afirmó.
Para acceder al artìculo publicada en Telam http://www.telam.com.ar/notas/201506/108651-ninos-adolescentes-defensor.html