Una vez más, la atribución a un menor de 16 años de un delito grave, homicidio en este caso, ha reabierto –agravada- la consabida polémica sobre el tema. Es el decreto de la dictadura vigente en la materia (22.278 de 1980) y la torpe insistencia de un pseudo progresismo en mantenerlo, el eje central del debate. De acuerdo a este decreto, los menores de 16 años resultan no sólo inimputables sino también no punibles. En consecuencia, ninguna medida coercitiva podría ser legal y sobre todo constitucionalmente adoptada para privar de libertad a dichos menores. Conscientes de esta situación tanto el ministro de justicia Julio Alak, cuanto el gobernador Daniel Scioli se han mostrado partidarios de una nueva ley de responsabilidad penal juvenil que permita establecer una responsabilidad penal (diferenciada de los adultos) a partir de los 14 años y asi mismo, a través de un debido proceso, establecer su grado concreto de culpabilidad en el hecho atribuido (todo ello imposible con la legislación vigente).En flagrante contradicción con esta postura, otro ministro del gobierno, Florencio Randazzo, ha dicho que ninguna reforma es necesaria y que los jueces tienen hoy elementos legales suficientes para privar de libertad a dichos menores. En realidad, la posición de Randazzo coincide con el desafortunado fallo de la CSJN de diciembre de 2009 que, en flagrante violación a la ley de infancia vigente (ley 26.061 de 2005) que expresamente lo prohíbe, constitucionaliza el decreto 22.278 de la dictadura y permite la privación de libertad como forma de “protección” de los menores inimputables. Este fallo se encuentra denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Fundación Sur-Argentina (www.surargentina.org.ar )junto a otros organismos de la sociedad civil. Una respuesta legal seria y rigurosa en la materia fue inteligentemente consensuada y aprobada por práctica unanimidad en el senado de la republica por la UCR, el Frente para La Victoria y el Socialismo en diciembre de 2009. Colocada en debate en la cámara de diputados en el 2010, el Frente para la Victoria cambio su voto aprobando un proyecto que, estableciendo la responsabilidad penal a partir de los 16 años, nos confirma en el pantano político y conceptual en hoy que nos encontramos.
Cuando el Estado no da respuestas serias, la sociedad tiende a dar respuestas brutales. Todavía estamos a tiempo.
Emilio García Méndez.
Presidente Fundación Sur Argentina.