La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó el día 21 de setiembre de 2010 un dictamen que regula la responsabilidad penal de los menores de 18 años. No se trata, sin embargo, del mismo dictamen aprobado hace muy poco en diciembre del año pasado por el senado de la republica con el unánime consenso y entusiasmo de los bloques mayoritarios (FpV y UCR) y la decidida participación del socialismo.
La “pequeña” modificación, del nuevo dictamen consiste en que, a diferencia de la responsabilidad penal aprobada por el senado entre los 14 y los 18 años, el dictamen de Diputados establece la responsabilidad penal sólo a partir de los 16 años. Nada en apariencia más agradable a los oídos del progresismo políticamente correcto que una modificación como esta.
Sin embargo, esta modificación, por otra parte piloteada desde instancias oficiales por el más rancio representante de la “crueldad bondadosa” del menorismo vernáculo y responsable de las políticas para la infancia durante los 10 años de menemato, esconde, en los hechos duros y puros, la peor de las trampas: el uso de la privación de libertad, sin plazos y sin debido proceso para las personas menores de 16 años.
Una privación de libertad que convalida y relegitima lo dispuesto por el actual régimen de la dictadura militar en la materia, el Decreto Ley 22.278 de 1980.
El nuevo dictamen de Diputados reenvía para el tratamiento de los menores de 16 años a lo ya dispuesto en la ley de Infancia 26.061 de 2005, que prohíbe tajantemente cualquier medida de protección que implique privación de libertad. Es a pesar de la vigencia de esta norma, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su lamentable fallo del 2.12.2008 (García Méndez E y Musa L), convalidó lo dispuesto por la dictadura y legitimó la privación de libertad como una forma de “política social reforzada” para los adolescentes pobres de las periferias urbanas.
Con esta desacertada decisión de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, se rompe el difícil y valioso consenso alcanzado luego de muchos años en el Senado de la republica. ¿Cabe preguntarse, si se trata de aprobar una nueva ley o, en realidad, se trata de una forma nada sutil de volver a fojas cero para continuar con la vigencia indisturbada del vergonzoso decreto de la dictadura militar 22.278, que estableció en 1980 el régimen penal de la minoridad?
¿Es este el dictamen que se adecua a la Convención Internacional de los Derechos del Niño?