La Fundación Sur expresa su preocupación por la práctica inconstitucional por la que deben atravesar las personas menores de edad que son detenidas en dependencias policiales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la presunta comisión de delitos de competencia de la justicia nacional de menores.
Estos jóvenes, al momento de la detención, son trasladados a comisarías en las cuales son alojados en el mismo lugar que personas adultas y son custodiados por personal de la policía federal que portan armas, lo cual viola flagrantemente lo estipulado por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y la normativa local específica, que estipula las exigencias que deben satisfacer los lugares de alojamiento de los jóvenes menores de dieciocho años de edad imputados de haber infringido las leyes penales.
Esta situación implica una verdadera vulneración al principio de igualdad, debido a que los niños que son detenidos en el mismo territorio pero por delitos cuya competencia corresponde a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, son trasladados a un centro de identificación acorde a la normativa internacional.
Vale poner de resalto que se han cumplido veinte años de la muerte de Walter Bulacio y diez años de la presentación de la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que condenó al estado argentino por los apremios que sufrió el joven mencionado por parte de la policía y los cuales le causaron la muerte.
En razón de todo lo expuesto, entendemos que resulta jurídicamente inaceptable que en el ámbito de la justicia nacional de menores se continúe alojando a las personas menores de edad en dependencia policiales, lo que supone además, un incumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio y así un claro supuesto de responsabilidad internacional del Estado Argentino. Ante ello, es imperioso que se disponga de un centro de detención e identificación especialmente acondicionado para personas menores de edad y en pleno respeto de la normativa interna e internacional de protección de derechos humanos mencionada.