En pocos días el Estado argentino volverá a ser noticia en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos. Lo fue en el 2011 a raíz del caso “Forneron” donde el Estado fue condenado a raíz del caso de una niña, hoy casi una adolescente, vendida por su madre a una familia pudiente de la Ciudad de Buenos Aires y que su padre biológico no ha dejado de reclamar desde su nacimiento. Contrariando todo el cacareo por los derechos humanos y específicamente por el sagrado derecho a la identidad, el Estado se coloco en este caso del lado de los apropiadores y a la fecha no ha cumplido prácticamente ninguna de las disposiciones establecidas por la sentencia de la Corte Interamericana.
Esta vez la nueva condena inminente (cuestión de días o semanas) se refiere al hecho, por otra parte inédito en la historia de América Latina, de irrogación de penas de reclusión perpetua a menores de edad. Para ser más exactos doce reclusiones perpetuas entre 1997 y 2002. Todo ello con base “legal” en un decreto de la dictadura militar el 22.278 de 1980 todavía vigente y por lo demás defendido públicamente en mas de una oportunidad por ese “icono” del progresismo vernáculo llamado Raúl Zaffaroni.
Ninguna de las soluciones amistosas fue cumplida por el gobierno nacional, entre ellas la derogación del decreto de la dictadura y la aprobación, tal como la poseen todos los países de la región, de una ley de Responsabilidad Penal Juvenil. En línea con una política incapaz de aceptar el menor tipo de responsabilidad en la materia, y eso después de diez años de considerar a los derechos humanos una materia prioritaria, según la insólita defensa del gobierno en la audiencia frente a la Corte, las sentencias de reclusión perpetua consistieron en meros errores judiciales.
En cuanto a la mantenimiento del decreto de la dictadura los argumentos oscilan entre lo ridículo y lo patético. Según un gobierno, que por otra parte, ha sido una verdadera aplanadora en el momento de aprobar leyes cruciales para el país, la explicación oficial ha hecho varias veces referencia a la falta de consensos para derogar dicho decreto.
Llamar a las cosas por su nombre será la primera y enorme tarea en el difícil proceso de reconstrucción que nos espera en los próximos años.
Emilio García Méndez.