Tengo la impresión que en un futuro no muy lejano, el debate actual sobre la «baja de edad de la imputabilidad», será considerado una de las discusiones mas bizarras y absurdas de que se tenga memoria.

Hace 37 años la dictadura militar nos dejaba uno de sus frutos mas envenenados y sobre todo perdurables: el decreto 22.278. régimen penal de la minoridad con la firma del genocida Jorge Rafael Videla. Con base en dicho decreto se combinó y consolidó una cultura tutelar-represiva, funcional a los peores intereses corporativos. La libertad y las garantías cedieron a una forma peculiar de «protección», que incluyó sentencias a reclusión perpetua a menores de edad (12 para ser mas precisos) y privaciones de libertad sin garantías y sin debido proceso para menores «inimputables».

Cuatro veces entre 2003 y 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado argentino solo en temas de infancia.

La lógica mas elemental indicaba que, la recuperación de la democracia y la derogación del mencionado decreto se producirían en forma simultánea.

Al fin de cuentas, ahí estaba la experiencia de la agonía del franquismo donde las fuerzas democráticas proponían responsabilidad penal con garantías, mientras una derecha nostálgica pugnaba por un tutelarismo represivo. La renuncia a la crueldad bondadosa y discrecional se antepuso a cualquier consideración.

En la Argentina, sucedería exactamente lo contrario.

Una amalgama de intereses corporativos y una confusión ideologica que se auto percibía como progresista, bloqueó y bloquea desde hace muchos años la aprobación de una ley penal juvenil como la que existe en todos los países de América Latina.

Una ley penal juvenil, destinada no a resolver la cuestión del delito adolescente (para eso están las políticas sociales), sino a administrarla en forma transparente democrática y racional.

En lugar de colocar la prioridad en subir la imputabilidad penal de los actuales 16 años a 18, esta extraña fusión de corporativismo «progresista», adoptó como táctica el eslogan vacio de «no a la baja», pidiéndolo prestado a países donde el problema a enfrentar (como en el Uruguay) era realmente la baja de edad de la imputabilidad.

Esta táctica «exitosa» se convirtió en estrategia, las mascaras quedaron pegadas a los rostros y se destruyó la posibilidad de establecer una sistema penal juvenil con garantías a partir de los 14 años.

¿Pero porque desde los 14 años como en toda la región?

En primer lugar, porque un número tan alto cuanto nebuloso (400 o más) de menores de 16 años están efectivamente privados de libertad hoy en la Argentina.

Lo curioso es que, mientras la consigna hueca de no a la baja permanecía constante, los actores que la sustentaban cambiaban sustancialmente. Ya no fueron mas los jueces de menores (para no hablar de ese engendro argentino, ese monstruo hermafrodita que es el Asesor de Menores) como en los 80 y los 90 del siglo XX, los que vociferaban esa consigna. Ahora son pequeñas ongs, casi todas ellas vinculadas a la nostalgia de una «época de oro», sindicatos «revolucionarios» y hasta instituciones del estado en un uso espurio de los dineros públicos.

Lo que si permaneció constante e inamovible entre los viejos y nuevos actores fue la renuncia a mover un solo dedo en relación, tanto a las condiciones materiales, cuanto a las condiciones jurídicas de los menores de 16 años privados de libertad. Con excepción del CELS, XUMEK y la FUNDACION SUR, ni un miserable habeas corpus a favor de los inimputables salió de las filas del «no a la baja».

¿Como debatir con interlocutores que a sabiendas llaman «baja de la imputabilidad» a las propuestas serias de una ley de responsabilidad penal juvenil?

¿Cómo tomarse en serio a interlocutores que no dijeron una única palabra frente al hecho único en la historia de America Latina, de 12 sentencias a reclusión perpetua aplicadas a menores de edad?

No es este, digámoslo con todas las letras y bien fuerte un debate jurídico. Se trata de un debate exquisitamente político.

La desmesura inaudita de la represión ilegal de la dictadura, impidió pensar con seriedad la represión legal y democrática de comportamientos que, como siempre y paradójicamente, perjudican en primer lugar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Esconder a los «inimputables» presos e interpelar a todos como locos o anormales, pero jamás como sujetos responsables, se convirtió en el callejón sin salida en el que estamos metidos.

 

¿Podrá la racionalidad política del Congreso, salvarnos de un mamarracho jurídico anunciado?