Fundación Sur Argentina Promoción y defensa de los derechos humanos de la infancia y la juventud

Noticias Opinión26.07.2010

Por qué y para quién un sistema de responsabilidad penal juvenil, por Emilio García Méndez

La ausencia de un sistema de responsabilidad penal juvenil que articule severidad con justicia y permita administrar en forma racional y democrática el problema de los menores de edad en conflicto con la ley penal, dispara de tanto en tanto en la sociedad argentina un debate que reitera su carácter espasmódico e irracional.

Esta vez ha sido el tratamiento mediático demagógico del caso Urbani, en relación al cual nadie seriamente puede minimizar o relativizar su extrema gravedad. En este caso el carácter irracional e irresponsable de la demanda punitiva ha colocado en el banquillo de los acusados también a jueces del caso que no han hecho otra cosa que cumplir con los dispositivos que el decreto ley 22.278 de la dictadura militar estipula en la materia. Es decir, la obligación de diferir al momento de la mayoría de edad la determinación del monto de una sentencia que por otra parte ya fue proferida.

Oscilamos nuevamente entonces entre un paternalismo ingenuo para el cual el derecho penal nunca es nada y un retribucionismo hipócrita para el cual el derecho penal es siempre todo. Nos olvidamos de este modo que en la bisectriz de este debate considerar a los adolescentes sujetos de derechos, implica simultáneamente considerarlos sujetos responsables en el ámbito de la democracia.

En este contexto se trata, sin embargo, de dar respuestas serias para evitar que los inescrupulosos que hacen de la política una forma de espectáculo lucren con las desgracias ajenas.

Pocas veces hemos estado tan cerca como ahora de recuperar el tiempo perdido y dar continuidad en la Cámara de Diputados a un excelente proyecto de ley que en la materia, el Senado de la Nación aprobó prácticamente por unanimidad en diciembre del 2009.

No es solo por los adolescentes infractores que la sociedad argentina necesita un sistema penal juvenil. Es también por nosotros mismos. Una sociedad decente no desciende a la brutalidad de los castigos “ejemplares”.

Se trata en este caso, como lo ha hecho el Senado, de articular el derecho a las garantías individuales con el derecho a la seguridad colectiva. Sin garantías individuales volvemos a la dictadura, sin seguridad colectiva caemos en la anarquía. Ninguno de esos extremos de la irracionalidad merece nuestra sociedad argentina.

Emilio García Méndez
Presidente Fundación Sur Argentina.