Con una frecuencia que se repite, el día 30 de agosto la Argentina se sentó nuevamente en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta vez por las condenas a prisión perpetúa a personas menores de edad.
De nada valió un sorprendente (por la oportunidad y no por su inobjetable contenido) fallo de hace 10 días de la Cámara Nacional de Casación Penal, declarando la inconstitucionalidad de las perpetuas, después que desde hace más de diez años no se producen sentencias de este tipo en la Argentina. Alrededor de este fallo, presentado como hecho nuevo, giró la extraña defensa del Estado argentino.
Como si se tratara de un guión cuidadosamente estudiado, que se ha repetido sin variaciones en casos recientes, la representación del Estado argentino desplegó toda su soberbia para defender las peores causas imaginables. A los apropiadores de una niña en el caso Fornerón o a las perpetuas a menores de edad, a las que solo se explicarían por una mero “error judicial”.
Ni una palabra sobre la falta de iniciativa propia considerando la mayoría legislativa, ni sobre el bloqueo sistemático a cualquier intento serio de reforma legal que saque a la Argentina de una posición única en todo el contexto regional. O es que resulta de alguna forma explicable que a casi 30 años de recuperación de la democracia y a casi 10 años de gobierno “progresista” tengamos vigente en la materia un decreto de la última dictadura que asegura al mismo tiempo la impunidad de los comportamientos violentos de adolescentes de los sectores medios y altos mientras que mantiene el uso de la cárcel como forma de tratamiento y protección de los adolescentes mas pobres y vulnerables.
Una vez más se sucedieron las recusas a los peritos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el incumplimiento de todos los acuerdos previos que hubieran podido evitar el juicio, la avalancha de información sobre la bondad de números (muchos incomprobables) de los logros del gobierno en materia de políticas sociales para la infancia, así comola refutación de todos y cada uno de los cargos formulados.
Solo la reafirmación autista de un principio de autoridad vacío de contenido puede en este caso intentar explicar lo inexplicable.
Tres certezas son posibles asegurar en el futuro inmediato, lo que no es poca cosa en un país donde ni el pasado es previsible.
Primero que la Corte Interamericana fallará irremediablemente durante este año, segundo que el fallo no será del agrado del Estado argentino y tercero que, sin la menor duda, continuará la fuga hacia adelante.