La acción de amparo se promovió debido a que desde 2009 el Congreso de la Nación omite iniciar el procedimiento constitucional de designación de un titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

(Buenos Aires, 27 de febrero de 2015). Seis organizaciones de la sociedad civil presentaron el 23 de febrero del corriente un amparo judicial para que el Poder Legislativo, a través de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, inicie el proceso dispuesto por la Constitución Nacional tendiente a nombrar al nuevo titular del organismo.

La Defensoría del Pueblo cumple un rol transcendental en la protección de derechos humanos. Tiene a su cargo la defensa de los derechos de las personas frente a actos u omisiones de la administración pública; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

El 23 de abril de 2009, el entonces Defensor del Pueblo Eduardo Mondino presentó su renuncia, la cual fue aceptada por los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Entre abril de 2009 y diciembre de 2013 el órgano permaneció  a cargo de un adjunto debido a que  el Congreso de la Nación decidió no elegir un Defensor del Pueblo por los siguientes cuatro años, violando el mandato legal y constitucional. Finalmente, en diciembre de 2013 concluyó el mandato del Defensor Adjunto. Desde esa fecha, y hasta la actualidad, la Defensoría del Pueblo no sólo carece de un titular, sino que también carece de adjuntos que transitoriamente puedan asumir dicha tarea.

En su amparo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Sur Argentina consideraron que la omisión inconstitucional del Poder Legislativo afecta el derecho de toda la comunidad, y en especial de los grupos más vulnerables, de contar con un órgano que defienda y proteja sus derechos ante hechos, actos u omisiones que los vulneren o amenacen, y controle el ejercicio de las funciones administrativas públicas.

Asimismo, la falta de designación vulnera el derecho constitucional de acceso a la justicia y el deber del Estado de adoptar medidas para hacer efectivo el goce de los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Las ONG solicitaron a la justicia que declare la inconstitucionalidad de esta falta de designación y ordene al Poder Legislativo que, a través de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, inicie el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en la Ley 24.284, para la designación del Defensor del Pueblo de la Nación.

Además, reclamaron que se establezcan los recaudos necesarios para garantizar el mayor nivel de transparencia, debate público y participación ciudadana en el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, de acuerdo a los principios constitucionales y a los estándares internacionales sobre Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Finalmente, pidieron que se conforme una Mesa de Trabajo, integrada por los miembros de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación Argentina, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de la justicia, con el objetivo de facilitar la discusión y generación de acuerdos en torno al cumplimiento del proceso de designación del titular.

Las ONGs firmantes vienen reclamando desde 2009 al Congreso de la Nación que cubra esta vacante. Por tal motivo iniciaron la campaña “Un Defensor del Pueblo y para el pueblo”, la cual cuenta con el apoyo de un gran número de organizaciones de la sociedad civil y personas de distintos ámbitos. El 28 de octubre de 2014 participaron de una audiencia sobre el tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente representantes del Estado Argentino. En ese contexto, la CIDH instó al Estado a adoptar todas las medidas que sean necesarias para que se inicie el proceso de selección del Defensor del Pueblo. Sin embargo, el Congreso de la Nación continúa renuente a iniciar el proceso de designación del un Defensor/a del Pueblo de la Nación.