Medida en términos de derechos humanos, la cuestión penal juvenil resulta mucho más que  vergonzosa en la Argentina. Somos el país más atrasado y más brutal en la materia. Tenemos el record absoluto de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de infancia, cuatro entre 2003 y 2013. Tenemos vigente un régimen penal de la minoridad que lleva la firma del mayor genocida del continente, Jorge Rafael Videla. Somos el único país en la historia de América Latina que hemos irrogado sentencias de reclusiones perpetua (doce para ser exactos) por delitos cometidos por menores de edad. Desde hace muchos años, las cárceles de menores resultan verdaderas cajas negras mantenidas bajo llave con la complicidad de varios poderes del Estado y también por aquellos organismos que específicamente deberían velar por su protección.

La denodada, valiente y solitaria lucha de la Procuración Penitenciaria de la Nación, solo por conseguir (hasta hoy sin éxito) ingresar a estas instituciones, constituye una prueba irrefutable de esta afirmación. Solo organismos cómplices y complacientes con las violaciones flagrantes a los derechos más elementales, han conseguido autorización del órgano ejecutor y responsable de la práctica de privación de libertad de los menores, la Secretaria de la Niñez y la Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (SENNAF). Por supuesto, los “controles” oficiales confirmaron hasta hace poco el estado “maravilloso” de dichas cárceles, donde en los últimos días varios adolescentes han muerto en circunstancias tan trágicas cuanto confusas e incomprensibles (uno en el Manuel Rocca dependiente de la Sennaf, y  dos en el Pablo Nogues y el Almafuerte de la provincia de Buenos Aires).

Ahora bien, incluso medida en los tristes y oscuros términos de la propia SENNAF, la cuestión penal juvenil también ha sido un rotundo fracaso. Nunca para la SENNAF el proyecto para la privación de libertad de los menores de edad,  consistió en otra cosa que no fuera desaparecer totalmente de los medios de comunicación y por ende de cualquier forma de escrutinio público.

Las absurdas muertes de los últimos días han logrado derribar (por lo menos momentáneamente) el muro de indiferencia y silencio que rodea la cuestión penal juvenil.

El esfuerzo en tapar tanto muerto resulta cada día más difícil, lo que no se ve se huele.

La historia oficial apesta.

Emilio García Méndez. Presidente de Fundación Sur Argentina