En estos días el gobierno ha anunciado sin bombos y con pocos platillos un proyecto de nuevo régimen penal para los menores de edad.

Como casi siempre, esto implica una mala y una buena noticia.

La mala, es que su principal característica es justamente la de no tener nada de nuevo. Lo único, si se quiere, un poco sorprendente en el mismo, es su capacidad de empeorar la ya desastrosa situación existente en la materia. La buena, es que el mismo no tiene la menor posibilidad de ser aprobado.

Por su contenido y por su oportunidad se trata de un proyecto que podríamos denominar “mártir”. Es decir, solo pensado para ser inmolado en el altar de una política concebida como una forma de espectáculo, destinada a cambiar una tan efímera cuanto falsa sensación de seguridad por votos. Nadie del ejecutivo ha pensado ni encarado seriamente este proyecto para que el mismo sea convertido realmente en ley.

Considérese, a contrario senso, la seriedad y la rigurosidad (al margen de que se opine sobre sus contenidos), con que el gobierno está tratando la reforma del código penal de adultos. Rigurosidad debida sobre todo al hecho, de que está en juego, nada menos, que la libertad de adultos imputables. Paradójicamente esta rigurosidad desaparece cuando, se trata de la privación de libertad de menores de edad.

Dos son las pruebas centrales que permiten confirmar esta presunción.

La primera, consiste en que el proyecto pretende articular la baja de la edad de la imputabilidad con la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil, siendo como son en realidad, conceptos diametralmente opuestos. Es verdad que en esta operación ha tenido su bueno cuota de responsabilidad un “zaffaronismo realmente existente” que, a sabiendas de su falsedad, ha identificado la responsabilidad penal juvenil (que existe en todos los países de la región en línea con la Convención de los derechos del niño), con la baja de edad de la imputabilidad que gracias a la dictadura existe desde los 16 años y que ahora el gobierno pretendería llevar a los 15.

La segunda, es que el gobierno no se ha ocupado de generar ningún tipo de consenso, no solo con la oposición, sino ni siquiera al interior del bloque Cambiemos.

Llama la atención la falta de consulta y el correspondiente silencio de la diputada Elisa Carrió que hace años trabaja este tema con paciencia, seriedad y rigurosidad.

En definitiva, para aquellos que en algún momento tuvimos, aunque sea una mínima expectativa de que los aires de cambio incluyeran un tratamiento serio de un legítimo y central tema de preocupación social, este tratamiento farandulesco de una cuestión crucial nos devuelve ya sin esperanzas al punto inicial de partida.

Hay que empezar de nuevo dijo don Hipólito Yrigoyen navegando hacia Martin García.